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02883-2021-PHC/TC
Sumilla: ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ENFATIZADO QUE CUANDO EL JUEZ HACE USO DE LA PRUEBA INDIRECTA (PRUEBA INDICIARIA O PRUEBA POR INDICIOS), SERÁ PRECISO QUE CUANDO ESTA SEA UTILIZADA, QUEDE DEBIDAMENTE EXPLICITADA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL, PUES NO BASTA CON EXPRESAR QUE LA CONCLUSIÓN RESPONDE A LAS REGLAS DE LA LÓGICA, LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA O A LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, SINO QUE DICHO RAZONAMIENTO LÓGICO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE EXTERIORIZADO EN LA RESOLUCIÓN QUE LA CONTIENE.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20240126
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

Pleno. Sentencia 462/2023
EXP. N.° 02883-2021-PHC/TC
UCAYALI
WÍLDER OJANAMA PACAYA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2023, en sesión de
Pleno Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia (presidente), con
fundamento de voto que se agrega, Pacheco Zerga (vicepresidenta), con
fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro,
Monteagudo Valdez, con fundamento de voto que se agrega, y Ochoa
Cardich han emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes
firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel
Granda Daza, abogado de don Wílder Ojanama Pacaya, contra la resolución
de fojas 185, de fecha 24 de agosto de 2021, expedida por la Primera Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que
declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 7 de noviembre de 2018, don Miguel Ángel Granda Daza
interpone demanda de habeas corpus a favor de don Wílder Ojanama
Pacaya (f. 1). Solicita que se declare nula la Resolución 41, de fecha 12 de
enero de 2016, mediante la cual se condenó al favorecido a dieciocho años
de pena privativa de la libertad por incurrir en el delito de robo agravado, y
nula la resolución suprema de fecha 7 de julio de 2017, mediante la cual, se
declaró no haber nulidad en el extremo relativo a la condena impuesta, se
revocó el extremo referido a la pena y, reformándolo, se le impuso quince
años de pena privativa de la libertad, por incurrir en el delito de robo
agravado (R.N. 764-2016). Considera que la cuestionada sentencia
condenatoria y su confirmatoria han sido emitidas vulnerando el debido
proceso.
Alega que para su condena no se hizo uso de prueba directa, sino de
prueba indiciaria. Además, afirma que la ejecutoria suprema incurre en
indebida motivación, toda vez que, en el considerando sexto de la misma, se
señala que su coprocesada habría incurrido en contradicciones, pero no se
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indica en qué consistirían estas.
Mediante resolución del 25 de marzo de 2019 (f. 56) el Cuarto
Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa admite la demanda y
dispone la notificación de los jueces emplazados y del procurador del Poder
Judicial.
Con fecha 30 de abril de 2019, el procurador adjunto del Poder
Judicial (f. 75) contesta la demanda. Manifiesta que, a la fecha, la privación
de la libertad del beneficiario es en virtud de una sentencia con
pronunciamiento de instancia plural, decisión que cumple con la motivación
de las resoluciones judiciales, conforme la justificación interna y externa de
la decisión jurisdiccional, y que lo que pretende el demandante es cuestionar
criterios y competencias de la jurisdicción ordinaria.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa,
mediante Resolución 9, de fecha 18 de enero de 2021 (f. 113), declara
improcedente la demanda, por considerar que los hechos y su petitorio no
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido
del derecho invocado. El juzgado concluye que los argumentos expuestos a
fin de sustentar los términos de la demanda tienen como finalidad que se
realice un reexamen de las pruebas valoradas para sustentar la condena
impuesta contra el favorecido, lo cual excede el objeto de los procesos
constitucionales, pues a la judicatura ordinaria le corresponde la
dilucidación de tales asuntos.
A su turno, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de Ucayali, mediante resolución de fojas 185, de fecha 24 de
agosto de 2021, confirma la apelada, en líneas generales, por similares
fundamentos.
FUNDAMENTOS
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución
41, de fecha 12 de enero de 2016, mediante la cual se condenó al
favorecido a dieciocho años de pena privativa de la libertad por incurrir
en el delito de robo agravado, y nula la resolución suprema de fecha 7
de julio de 2017, mediante la cual se declaró no haber nulidad en el
extremo relativo a la condena impuesta, se revocó el extremo referido a
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la pena y, reformándolo, se le impuso quince años de pena privativa de
la libertad, por incurrir en el delito de robo agravado (R.N. 764-2016).
Análisis del caso
2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1,
que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad
individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que,
para que proceda el habeas corpus, el hecho denunciado
necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa
y concreta en el derecho a la libertad personal. Es por ello que el
artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece
que: “[n]o proceden los procesos constitucionales cuando: (…) los
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
3. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, la
determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva de
la judicatura ordinaria, lo que también involucra la subsunción de la
conducta y la graduación de la pena dentro del marco legal. Asimismo,
tampoco le compete a la justicia constitucional evaluar la mejor
interpretación de la ley penal sobre la base de consideraciones
estrictamente legales, así como evaluar el cumplimiento de los criterios
jurisprudenciales que rigen en la justicia ordinaria.
4. No obstante, ello no implica que la actividad probatoria llevada a cabo
al interior de un proceso penal quede fuera de todo control
constitucional. En efecto, uno de los elementos del debido proceso es el
derecho a probar, reconocido expresamente en el artículo 9 del Nuevo
Código Procesal Constitucional como objeto de tutela del amparo y
habeas corpus contra resolución judicial. Este Tribunal Constitucional,
ha precisado que constituye un elemento del derecho a probar, que los
medios probatorios sean valorados de manera adecuada (Cfr. sentencia
emitida en el Expediente 06712-2005-PHC/TC, fundamento 15).
Asimismo, se debe analizar con mayor detalle los argumentos
expuestos por el beneficiario, sobre todo tratándose de casos penales,
donde está de por medio la libertad personal.
5. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la
exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente, de manera lógica y
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adecuada, los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no
supone, en absoluto, contar con una determinada extensión de la
motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación
jurídica, lo que supone que se exprese no solo la norma aplicable al
caso, sino que también se explique y justifique por qué el hecho
investigado se encuentra enmarcado en los supuestos que la norma
prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí
misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun
cuando esta sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación por
remisión [Cfr. sentencia emitida en el Expediente 04348-2005-PA/TC].
6. Además, en cuanto a la motivación de la prueba indiciaria, este
Tribunal Constitucional ha enfatizado que cuando el juez hace uso de la
prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será preciso
que cuando esta sea utilizada, quede debidamente explicitada en la
resolución judicial; pues no basta con expresar que la conclusión
responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a los
conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe
estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene. Así,
ha dejado sentado que deben quedar debidamente explicitados los
siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario (indicio); el
hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito)
y entre ellos, el enlace o razonamiento deductivo (sentencia emitida en
el Expediente 03847-2021-PHC/TC). En el presente caso, el
demandante aduce que se utilizó prueba indiciaria, pero no precisa que
no se haya delimitado o explicitado con los siguientes elementos: 1) el
hecho base o hecho indiciario, 2) el hecho consecuencia o hecho
indiciado, lo que se trata de probar (delito), o 3) el enlace o
razonamiento deductivo. En tal sentido, este extremo se declara
improcedente, en aplicación de la casual prevista en el artículo 7.1 del
Nuevo Código Procesal Penal.
7. De otro lado, se cuestiona que en el fundamento sexto de la ejecutoria
suprema se señala que la coprocesada del actor incurrió en
contradicciones, pero no se indica a qué contradicciones se refiere. Al
respecto, este Tribunal Constitucional emitió decreto de pedido de
información, de conformidad con la facultad conferida en el artículo
116 del Nuevo Código Procesal Constitucional, a fin de contar con el
texto de la sentencia condenatoria y su confirmatoria. Así, mediante
oficio recibido por este Tribunal el 9 de enero de 2023, la Corte
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Superior de Justicia de Ucayali remitió copias certificadas de la
sentencia condenatoria y de la ejecutoria suprema que declara no haber
nulidad en la sentencia. De la copia de la resolución emitida por la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (RN 764-2016) se
advierte que, en efecto, el considerando sexto contiene la frase: “cabe
precisar que entró en contradicciones”.
8. De una lectura de la resolución cuestionada, se advierte que dicho punto
seis tiene por objeto dar respuesta a lo alegado por la parte recurrente en
relación con que el único medio probatorio (la declaración de la
coprocesada) no fue corroborado por otro medio probatorio. Al
respecto, la sala suprema en dicho fundamento seis expone que: 1) la
comisión del delito de robo se encuentra acreditada, y 2) que a la
coprocesada se le entregó el bien objeto de robo en su domicilio. En
efecto, así se lee del fundamento sexto de la resolución suprema
cuestionada:
SEXTO: En esta misma línea, no resulta cierto lo manifestado por el
recurrente, al aseverar que la única prueba –declaración de la coprocesada
Gladys Vicky Villena Quispe-, quien además de variar su declaración a
nivel de juicio oral, la misma no fue corroborada periféricamente con otro
elemento probatorio (…). Sin embargo, de la revisión de autos, se
desprende la existencia de indicios:
[A] Indicio necesario: la comisión del delito de robo agravado se
encuentra acreditado (…)
[B] Indicio contingente grave, al encontrársele en poder del bien sustraído
-motor- a la coprocesada Gladys Vicky Villena Quispe (…) refirió tanto a
nivel preliminar en presencia fiscal y en sede sumarial, (…) que si bien en
sede plenarial intentó exculpar al encausado de la responsabilidad, cabe
precisar que entró en contradicciones, brindó una declaración
inconsistente, de esta forma aseveró que el día diecisiete de setiembre de
dos mil once, a las diecinueve horas aproximadamente, la persona a quien
conoce con el nombre de Ojanama y le dice “chato”, además conoce a su
hermana Francisca quien tiene un aserraderito de bolaina, y su hermano
quien tiene una balsa denominada Calamar, se dirigió a su vivienda a
dejar el motor a bordo de un vehículo color azul, versión que coincide con
la declaración del propio acusado, que si bien negó conocer a la
coacusada, refirió tener una moto car de color azul, además que hermano
tiene una balsa denominado El Calamar y su hermana tiene un aserradero.
Mencionó que lo conocen con el apelativo “chato”.
9. Asimismo, en el fundamento 7 se continúa dando cuenta de los indicios
de la comisión del delito: “(…) se evidenció que el encausado a bordo
de su vehículo (…) trasladó el motor sustraído a la vivienda de su
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coacusada (…) indicio de la descripción física del agente (…)”.
10. Como se advierte, si bien la resolución suprema en su considerando
sexto señala que la coprocesada incurrió en contradicciones, pero no las
especifica, tal afirmación no resulta relevante en la exposición de la
argumentación de la sala suprema al resolver el recuso de nulidad. La
materia de impugnación a la que se daba respuesta era a la alegación
consistente en que el actor solo fue condenado por la declaración de la
coprocesada. Al respecto, la sala suprema responde a dicha alegación
constatando una pluralidad de indicios que sostienen la sentencia de
primera instancia materia de impugnación. En este sentido, no se
advierte vulneración del derecho a la debida motivación de las
resoluciones, por lo que este extremo se declara infundado.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación con lo expuesto
en el fundamento 6, supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MORALES SARAVIA
Si bien estoy de acuerdo con el sentido del fallo, no comparto las razones y
argumentos de los fundamentos 4 al 6 de la sentencia, relativos a que la
jurisdicción constitucional puede realizar un control constitucional sobre la
actividad probatoria llevada a cabo al interior de un proceso penal, al ser
uno de los elementos de la tutela procesal efectiva expresados en el art. 9 del
Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo). Considero que, conforme
a nuestro marco constitucional, competencial y a nuestra jurisprudencia
reiterada, el juez constitucional no debe realizar una nueva valoración de las
pruebas que ya fueron objeto de análisis en un proceso ordinario puesto que
terminaría sustituyendo al juez penal.
El Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia los derechos
a la tutela jurisdiccional y al debido proceso, reconocidos en el artículo 139
inciso 1 de la Constitución. Así, siguiendo al Tribunal Constitucional
español, ha señalado que la tutela jurisdiccional supone el derecho de acceso
a los órganos de justicia, así como la eficacia de lo decidido en la sentencia.
Igualmente, el debido proceso presupone la observancia de los derechos
fundamentales esenciales del procesado y que se trata de un derecho de
carácter instrumental. Siendo así, este se encuentra conformado por un
conjunto de derechos básicos procesales que son ejercidos en el desarrollo
de un proceso jurisdiccional.
Sin embargo, pese a la claridad con que la Constitución configuró los
mencionados derechos, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional
(actual artículo 9 del NCPCo) reguló un nuevo derecho de orden legal
denominado tutela procesal efectiva, que comprendería el acceso a la
justicia y el debido proceso. Esta configuración legal se aparta de la
autonomía constitucional de la que gozan el derecho a tutela jurisdiccional y
el debido proceso y no es la más conveniente ni correcta. En efecto, el
llamado derecho a la tutela procesal efectiva, reconocido sólo en la ley,
incorpora como parte de su contenido a un derecho constitucional, debido
proceso, y se superpone al derecho a la tutela jurisdiccional, también de
rango constitucional (acceso a la justicia y eficacia de lo decidido). De igual
manera, este derecho, reconocido sólo en la ley, contiene una serie de
derechos constitucionales como el de defensa, a no ser desviado de la
jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos a los
previstos en la ley, y la imposibilidad de revivir procesos fenecidos.
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Por consiguiente, resulta adecuado señalar que el llamado derecho a probar
forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso y no de la
llamada tutela procesal efectiva, a pesar de que así lo dispone,
equivocadamente, el Nuevo Código Procesal Constitucional.
Si bien, el derecho a probar goza de protección constitucional (Sentencia
recaída en el expediente 01014-2007-PHC, fundamento 8), lo cierto es que
no todo su contenido amerita un control del juez constitucional, pues no se
puede dejar de lado que su configuración es de orden legal. Al respecto, el
derecho a probar constituye un derecho complejo que está compuesto por el
derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que
estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción
o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios
probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la
motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la
sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por
escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho
mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizada. Ahora bien, no todos los
supuestos de su contenido merecen protección a través del amparo o habeas
corpus, por lo que, solo serán amparables aquellas pretensiones que estén
referidas a una manifiesta vulneración de tales supuestos y que sean de
competencia del juez constitucional. En ningún caso se puede pretender la
formación, en la práctica, de una estación probatoria con la que no cuentan
tales procesos constitucionales. Ello se desprende de la interpretación
sistemática del artículo 9 del NCPCo con los artículos 7.1, 1 (primer
párrafo) y 13 del mismo cuerpo normativo.
En ese sentido, este Pleno ha sostenido que el derecho a probar implica la
posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce,
los medios probatorios necesarios para justificar los argumentos que el
justiciable esgrime a su favor. En este sentido, se vulnera el derecho a
probar cuando en el marco del proceso se ha dispuesto la actuación o la
incorporación de determinado medio probatorio, pero ello no es llevado a
cabo, o cuando la parte (y no la contraparte) solicita la actuación de algún
medio probatorio, pero dicha solicitud es rechazada de manera arbitraria
(Sentencia 322/2022 recaída en el expediente 00477-2018-PHC,
fundamento 8).
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Como se advierte, la judicatura constitucional está habilitada para analizar
los supuestos de ofrecimiento, admisión, producción o conservación de la
prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y su
motivación en la valoración; sin embargo, lo que el juez constitucional no
puede realizar es una nueva valoración de las pruebas, que ya fueron objeto
de análisis en un proceso subyacente.
Así pues, el Pleno del Tribunal Constitucional, interpretando el respectivo
marco constitucional y legal, en su conjunto, ha sostenido en reiterados
casos que las pretensiones que cuestionan la valoración probatoria y su
suficiencia dentro de un proceso penal, e incluso, aquellas que buscan un
reexamen o revaloración de los medios probatorios por parte de esta
jurisdicción, devienen en improcedentes, en aplicación del artículo 7.1 del
NCPCo (antes, art. 5.1.) al ser materias ajenas a la tutela del habeas corpus
(Sentencia 205/2022 recaída en el expediente 02011-2021-HC, fundamento
3; Sentencia 388/2022 recaída en el expediente 03223-2021-PHC,
fundamento 3; entre otras).
En el presente caso, se plantean cuestionamientos relativos a la valoración
de pruebas y su suficiencia, así como al criterio de los juzgadores aplicados
al caso concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan
manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso constitucional
de habeas corpus, pues recaen sobre asuntos que corresponde dilucidar a la
judicatura ordinaria, tal como ha sido realizado a través de las resoluciones
cuestionadas.
Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida al
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas
corpus, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código
Procesal Constitucional.
De otro lado, se cuestiona que en el fundamento sexto de la ejecutoria
suprema se señala que su coprocesada incurrió en contradicciones, sin
embargo, no se advierte vulneración alguna a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, por lo que este extremo deviene en infundado
S.
MORALES SARAVIA
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA PACHECO
ZERGA
Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el
presente fundamento de voto.
Al respecto, si bien estoy de acuerdo con el punto resolutivo propuesto, me
aparto respetuosamente de lo señalado en el fundamento 4 de la ponencia,
porque considero que es innecesario para resolver la pretensión de autos.
S.
PACHECO ZERGA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO
VALDEZ
Emito el presente fundamento de voto a fin de precisar que el
contenido constitucionalmente protegido del derecho a probar no conlleva a
que el Tribunal Constitucional pueda ingresar en una nueva valoración de la
prueba válidamente obtenida y constitucionalmente incorporada al proceso;
pues ello supondría subrogarse en competencias exclusivas de la
jurisdicción ordinaria, afectándose, por tanto, el principio de corrección
funcional.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ

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