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00393-2022-PC/TC
Sumilla: INFUNDADA. SE PRECISA QUE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDE A LOS MAGISTRADOS SUPREMOS TITULARES QUE CUMPLEN DETERMINADOS REQUISITOS, LO QUE NO OCURRE EN EL CASO DE LA PARTE DEMANDANTE, POR CUANTO TIENE EL CARGO DE JUEZ TITULAR ESPECIALIZADO EN LO CIVIL.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20240503
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

Sala Primera. Sentencia 84/2024
EXP. N.° 00393-2022-PC/TC
AYACUCHO
JOSÉ ANTONIO BERAÚN
BARRANTES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de febrero de 2024, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga,
Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio
Beraún Barrantes contra la resolución de foja 138, de fecha 27 de julio de
2020, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de Huamanga de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la demanda de
autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de abril de 2018, el recurrente interpuso demanda de
cumplimiento contra el presidente del Poder Judicial y el presidente de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho – Unidad Ejecutora, con el objeto de que
cumplan con lo establecido en el “literal b del artículo 186” (sic) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); y que, en consecuencia, se incremente su
haber total mensual al 62 % del haber total mensual que perciben los jueces de
la Corte Suprema; ello en relación al incremento de remuneraciones
establecido para los jueces supremos titulares por la Centésima Vigésima
Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, que dispone que los jueces
supremos titulares de la Corte Suprema percibirán una bonificación adicional a
la que se refiere el segundo párrafo del artículo 187 de la LOPJ, equivalente a
4.5 unidades de ingreso del Sector Público (UISP), sin considerar
bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras entregas dinerarias. Señala el
actor que el pretendido incremento equivale a la suma de S/ 7254.00
mensuales, que corresponde al 62 % del aumento dispuesto para los referidos
jueces supremos titulares a partir del mes de enero de 2018. Asimismo, solicita
el pago del interés legal laboral correspondiente desde el mes de enero de 2018,
fecha de la generación del derecho, hasta que el incremento solicitado sea
incluido a su favor en la planilla única de remuneraciones, así como el pago de
los costos del proceso.
El Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio de Ayacucho,
mediante Resolución 1, de fecha 20 de abril de 2018, admite a trámite la
demanda (f. 21).
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El procurador público adjunto del Poder Judicial contesta la demanda y
afirma que en el presente caso nos encontramos ante una condición de índole
presupuestal, pues el cumplimiento del mandato legal reclamado por el actor se
encuentra condicionado a la disponibilidad presupuestal, debido a que el Poder
Judicial no cuenta con fondos suficientes y tampoco el MEF ha proporcionado
fondos para ello; y que, además, se trata de una causa compleja, toda vez que la
materia de controversia se encuentra sujeta a un debate probatorio, debido a
que se tiene que determinar si la norma resulta ser extensiva a favor del actor,
por lo que no se cumple con los requisitos mínimos establecidos por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia 00168-2005-PC/TC, que constituye
precedente vinculante (f. 33).
El a quo, mediante Resolución 6, de fecha 20 de diciembre de 2018,
declaró improcedente la demanda, por considerar que el mandato materia de
cumplimiento contradice los supuestos de procedencia establecidos en la
Sentencia 00168-2005-PC/TC, pues si bien el cumplimiento del incremento del
haber total mensual requerido por el accionante resulta cierto, es un derecho
que debe ejecutarse al término de un servicio prestado y no está sujeto a la
eventualidad o circunstancia ajena. También es verdad que su cumplimiento se
encuentra supeditado a la asignación de recursos económicos por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se debe seguir la orientación
establecida por el Tribunal Constitucional al resolver el caso del Expediente
08143-2013-PC/TC, entre otros (f. 89).
La Sala Superior revisora confirmó la apelada, por estimar, entre otros
argumentos, que desde diciembre de 2013 entró en vigor el artículo 1 de la Ley
30125, que regula nuevos porcentajes respecto al haber mensual que perciben
los jueces, por lo que la norma legal cuyo cumplimiento requiere el actor no
contiene un mandato cierto, expreso y de obligatorio cumplimiento, como
tampoco individualiza al demandante; y, por ello, no cumple con los requisitos
indispensables para su procedencia señalados en el precedente vinculante de la
sentencia emitida en el Expediente 00168-2005-PC/TC (f. 138).
El recurrente interpone recurso de agravio constitucional (RAC)
incidiendo en los argumentos expuestos en su demanda, al aducir que esta
cumple con los requisitos establecidos en la STC 00168-2005-PC/TC (f. 148).
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La demanda tiene por objeto que se cumpla con lo establecido en el
“literal b del artículo 186” (sic) de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) y que, en consecuencia, se incremente su haber total mensual al
62 % del haber total mensual que perciben los jueces de la Corte
Suprema; ello en relación con el incremento de remuneraciones
establecido para los jueces supremos titulares por la Centésima Vigésima
Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, que dispone que los
jueces supremos titulares de la Corte Suprema percibirán una
bonificación adicional a la que se refiere el segundo párrafo del artículo
187 de la LOPJ, equivalente a 4.5 unidades de ingreso del Sector Público
(UISP), sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras
entregas dinerarias. Señala el actor que el pretendido incremento equivale
a la suma de S/ 7254.00 mensuales, que corresponde al 62 % del aumento
dispuesto para los referidos jueces supremos titulares a partir del mes de
enero de 2018. Asimismo, solicita el pago del interés legal laboral
correspondiente desde el mes de enero de 2018, fecha de generación del
derecho, hasta que el incremento solicitado sea incluido a su favor en la
planilla única de remuneraciones; así como el pago de los costos del
proceso.
Cuestión procesal previa
2. Con los documentos de fecha cierta que obran a fojas 6 y 10 se acredita
que el recurrente ha cumplido con el requisito especial de la demanda de
cumplimiento previsto en el artículo 69 del Código Procesal
Constitucional, vigente al momento de la interposición de la demanda
(actualmente regulado en el mismo artículo del Nuevo Código Procesal
Constitucional).
3. El artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política establece que la
acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Por su parte,
el artículo 65, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional señala
que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el funcionario o
autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto
administrativo firme.
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Análisis de la controversia
4. En el caso concreto, la parte demandante pide que en aplicación de la
Centésima Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, ordene
que se reconozca y se le pague mensualmente desde el 1 de enero de
2018, la cantidad de S/ 7254.00 como bonificación adicional, así como el
pago del interés legal laboral correspondiente desde la fecha de la
generación del derecho, hasta que el incremento solicitado sea incluido a
su favor en la planilla única de remuneraciones y el pago de los costos
del proceso, esto como consecuencia de que, en su calidad de juez titular
especializado en lo civil, le correspondería el 62 % de la remuneración de
un juez supremo, conforme a lo establecido en el literal b), numeral 5, del
artículo 186 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
5. Conforme a la Constancia de Pagos del periodo 2018 (f. 63), don José
Antonio Beraún Barrantes, como juez especializado venía percibiendo el
62 % de la remuneración de un juez supremo −en el recurso de agravio
constitucional se precisa que actualmente tiene la condición de
exmagistrado, foja 152 de autos−.
6. Para determinar si la norma cuyo cumplimiento se exige dispone el pago
de la bonificación solicitada a la parte demandante es necesario analizar
las normas que regulan esta bonificación. Así, el Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:
Bonificaciones por tiempo de servicios
Artículo 187.- Los Magistrados, con excepción de los Vocales de la Corte
Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de su remuneración
básica, al cumplir diez años en el cargo sin haber sido promovidos. Esta
bonificación no es computable al ascender, requiriéndose nuevamente diez años
en el nuevo grado para percibirla.
Los Magistrados de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años en el
ejercicio del cargo, perciben una bonificación adicional, equivalente a un 25%
de su remuneración básica, sin considerar bonificaciones ni asignaciones
especiales. Esta bonificación es pensionable sólo después que el Vocal cumpla
treinta años de servicios al Estado, diez de los cuales deben corresponder al
Poder Judicial. (*)
(*) Artículo modificado por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria
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de la Ley N.° 30372, publicada el 06 diciembre 2015, el mismo que entró
en vigencia a partir del 1 de enero de 2016, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 187. Los Jueces del Poder Judicial, con excepción de los Jueces
Supremos de la Corte Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de
su remuneración básica, al cumplir diez años en el cargo sin haber sido
promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose
nuevamente diez años en el nuevo grado para percibirla.
Los Jueces Supremos de la Corte Suprema que permanezcan más de cinco años
en el ejercicio del cargo, perciben una bonificación adicional, equivalente a tres
(03) Unidades de Ingreso del Sector Público – UISP, sin considerar
bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras entregas dinerarias. Esta
bonificación es pensionable sólo después que el Juez Supremo cumpla treinta
años de servicios al Estado, diez de los cuales deben corresponder al Poder
Judicial”.
7. Como puede verse se otorgó la bonificación adicional de 03 UISP a los
jueces supremos que permanecieron más de 5 años en el ejercicio del
cargo y con el cumplimiento de otros requisitos. Posteriormente se emitió
la norma cuyo cumplimiento se exige, la Ley 30693, en la que se
incrementó esta bonificación a 4,50 UISP, disponiendo además su
aplicación para los fiscales supremos titulares y precisándose que no
tenía carácter remunerativo:
CENTÉSIMA VIGÉSIMA. Dispóngase que los Jueces Supremos Titulares de
la Corte Suprema, percibirán una bonificación adicional a la que se refiere el
segundo párrafo del artículo 187 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, modificada por
la sexta disposición complementaria modificatoria de la Ley 30372, Ley de
Presupuesto para el sector público del año fiscal 2016, equivalente a cuatro y
cincuenta (4,50) Unidades de Ingreso del Sector Público – UISP, sin considerar
bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras entregas dinerarias. Esta
bonificación no tiene carácter remunerativo.
Asimismo, dispóngase la bonificación adicional a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 187 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, es de aplicación para los Fiscales Supremos Titulares del Ministerio
Público.
Para la implementación de la presente disposición, el Poder Judicial y el
Ministerio Público quedan exonerados de la prohibición establecida en el
artículo 6 de la presente ley. (*) (resaltado nuestro)
8. Conforme con lo reseñado en las normas antes citadas, se ha establecido
que esta bonificación adicional corresponde a los magistrados supremos
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titulares que cumplen determinados requisitos, lo que no ocurre en el
caso de la parte demandante, por cuanto tiene el cargo de juez titular
especializado en lo civil. Por el contrario, y a mayor abundamiento, en la
Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019, publicada el 6 de diciembre de 2018, se ha reiterado que esta
bonificación adicional, que corresponde a los magistrados supremos, no
tiene carácter remunerativo y no constituye base de cálculo ni referencia
para las remuneraciones de los demás magistrados del Poder Judicial (se
incluyó este beneficio también para los miembros del Jurado Nacional de
Elecciones):
CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA. Dispóngase para el Año Fiscal 2019,
que la bonificación adicional a la que se refiere el segundo párrafo del artículo
187 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo 017-93-JUS, modificada por la sexta disposición
complementaria modificatoria de la Ley 30372, Ley de Presupuesto para Sector
Público del Año Fiscal 2016, para el caso de los jueces supremos titulares de la
Corte Suprema, es el equivalente a cuatro y cincuenta (4,50) Unidades de
Ingreso del Sector Público – UISP. Esta bonificación no tiene carácter
remunerativo y no constituye base de cálculo ni referencia para las
remuneraciones de los demás magistrados del Poder Judicial. (resaltado nuestro)
9. En consecuencia, este Tribunal advierte que, de conformidad con el
artículo 65.1 del Nuevo Código Procesal Constitucional (establecido
también en el artículo 66.1 del derogado Código Procesal
Constitucional), la bonificación adicional que se estableció para los
magistrados supremos no corresponde otorgarla a la parte demandante,
pues no tiene el cargo de juez supremo, fiscal supremo u otro, conforme a
las normas citadas precedentemente; razón por la cual la demanda debe
desestimarse.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
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JOSÉ ANTONIO BERAÚN
BARRANTES
SS.
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ

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