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03586-2022-PHC/TC
Sumilla: SE VISLUMBRA QUE, DE LA SENTENCIA DE VISTA Y LOS ACTUADOS QUE OBRAN EN AUTOS NO SE APRECIA QUE EL ACTOR O SU DEFENSA HAYAN CUESTIONADO LA IMPOSICIÓN DE TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, ESCENARIO EN EL QUE NO ES POSIBLE EXIGIR A LA SALA PENAL DEMANDADA UNA MOTIVACIÓN RAZONADA AL RESPECTO NI EFECTUAR UN CONTROL CONSTITUCIONAL AL RESPECTO.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20240507
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

Sala Primera. Sentencia 92/2024
EXP. N.° 03586-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
LUIS MARTÍN CASTRO RAMÍREZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de febrero de 2024, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga,
Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Martín Castro
Ramírez contra la resolución1, de fecha 19 de julio de 2022, expedida por la
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 31 de mayo de 2022, don Luis Martín Castro Ramírez
interpuso demanda de habeas corpus2 contra don Óscar Manuel Burga Zamora,
don Víctor Torres Sánchez y don Emiliano Sánchez Bances, jueces del Juzgado
Penal Colegiado de Lambayeque; y contra Zapata López, Salés del Castillo y
Quispe Díaz, jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque. Denuncia la vulneración de los derechos
al debido proceso, a la legítima defensa, a la prueba y a la motivación de las
resoluciones judiciales, entre otros.
Solicita que se ordene su absolución o se declare la nulidad de la
sentencia3, Resolución 22, de fecha 14 de junio de 2012, y de la Sentencia de
Vista 86-20124, Resolución 30, de fecha 24 de setiembre de 2012, mediante las
cuales los órganos judiciales demandados lo condenaron como autor del delito
de extorsión agravada en grado de tentativa a treinta y cinco años de pena
privativa de la libertad5.
Alega que la condena impuesta es excesiva y que el colegiado penal
vulneró el artículo 397, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal que señala
que el juez penal no impondrá pena más grave a la requerida por el fiscal, pues
en su caso la fiscalía opinó porque se le imponga trece años de pena privativa
1 Foja 135 del expediente
2 Foja 1 del expediente
3 Foja 49 del expediente
4 Foja 81 del expediente
5 Expediente 70-2011 / 00070-2011-78-1706-JR-PE-01
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de la libertad por tratarse del delito de tentativa de extorsión agravada.
Asimismo, peticiona que, con mayor criterio jurídico jurisprudencial y de
acuerdos plenarios, se disponga su absolución o la nulidad de las sentencias
penales. Arguye que el representante del Ministerio Público le imputó cargos
genéricos sin claridad ni precisión y que la formalización de la investigación
preparatoria no señala cuál es el comportamiento del imputado en la
realización de la conducta típica, no obra acta de incautación de la supuesta
extorsión, el solo hecho de haber estado presente en el lugar de los hechos no
lo convierte en autor o coautor ni exime a la fiscalía en la elaboración de las
premisas fácticas que sustentan la configuración del delito imputado.
Sostiene que en el caso no existió concierto de voluntades destinadas al
apoderamiento y disposición del bien; que la fiscalía no ha podido acreditar
con prueba objetiva su imputación; y que la incriminación quedó a nivel de
duda razonable sin prueba suficiente para condenar; que no se ha actuado la
prueba dactiloscópica, de grafotecnia ni de la voz auditiva de los
extorsionadores; que la sola sindicación de su coencausada no es más que un
indicio de su culpabilidad; que el juzgador penal no puede sentenciar si no ha
efectuado la actividad probatoria de la evidencia científica; y que es obligación
del fiscal y el juez penal realizar pericias y diligencias para probar su
responsabilidad, lo cual vulnera el derecho a la prueba.
Señala que no existe un agraviado penal, porque el propietario del
vehículo no declaró en el juicio; que la declaración de Eleorreaga Elera debe
ser desmerecida porque dicha persona fue denunciada por extorsión; que la
declaración testimonial de Leguía Escurra también debe ser desmerecida
porque es procesado por dos delitos; que no puede valerse de pruebas
testimoniales que no cumplen con las exigencias del Acuerdo Plenario 02-
2005/CJ-116; y que no existe persistencia en la incriminación en la declaración
de Quispe Saldaña, además de ser contradictoria.
Añade que las declaraciones no son consistentes y deberían estar
sustentadas en medios de prueba idóneos; que es falso que Quispe Saldaña
haya ingresado al penal a visitar a una persona que no se encontraba internada;
que del reporte de llamadas se tiene que el actor no hizo las supuestas llamadas
extorsivas; que tres testigos de la fiscalía han efectuado declaraciones falsas; y
que para condenarlo no se ha valorado la prueba presentada por la fiscalía
denominada reporte de llamadas entrantes y salientes del teléfono cuyos
últimos cuatro dígitos son 5559.
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El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, mediante
la Resolución 16, de fecha 1 de junio de 2022, admitió a trámite la demanda.
Realizada la investigación sumaria del habeas corpus, el procurador
público adjunto del Poder Judicial solicitó que la demanda sea declarada
improcedente7. Afirmó que la demanda no señala ni sustenta de qué manera las
resoluciones cuestionadas habrían vulnerado el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la libertad personal, derecho que puede ser amparado
en sede constitucional siempre que aquel haya sido lesionado de forma
evidente en sede ordinaria.
Afirma que los agravios planteados en la demanda no tienen
trascendencia constitucional para ser tutelados vía el habeas corpus, puesto que
no se evidencia vulneración de los derechos conexos a la libertad personal,
pues lo que debate es de competencia exclusiva de la jurisdicción penal
ordinaria.
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, mediante
la sentencia8, Resolución 3, de fecha 20 de junio de 2022, declaró infundada la
demanda. Estimó que las sentencias cuestionadas han sido dictadas conforme a
las reglas del debido proceso, la tutela procesal efectiva y dieron razones y
justificaciones de la decisión que adoptaron.
Señala que las actividades que cuestiona la demanda de habeas corpus
fueron realizadas en etapas anteriores al juzgamiento, cuestionamientos que el
accionante debió hacerlos valer en la etapa procesal oportuna, pues las
sentencias penales se dictaron durante la actuación en el juicio oral y en el
estadio de apelación de sentencia.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque confirmó la resolución apelada. Considera que las resoluciones
cuestionadas han expresado las razones suficientes y establecido la
responsabilidad penal del beneficiario, tanto así que el juzgado demandado ha
valorado en forma conjunta las pruebas testimoniales y documentales actuadas
en el juicio oral a fin de expresar las razones suficientes por las que, a su
6 Foja 32 del expediente
7 Foja 37 del expediente
8 Foja 90 del expediente
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criterio, se enervó la presunción su inocencia; y la Sala penal demandada
expuso las razones por las cuales estimó que la valoración de la prueba
efectuada por el juzgado penal fue la correcta.
En tal sentido, la Sala Superior del habeas corpus estimó que lo que
pretende la demanda es que se efectúe una nueva valoración probatoria, como
es la realización de las pruebas dactiloscópicas y grafotécnicas pese a que se
encontraba debidamente asistido por su defensa técnica. Añade que los
demandados han expresado las razones suficientes para determinar la pena,
como es la agravante de la reincidencia, al tenerse en cuenta que el delito de
extorsión materia de condena se cometió desde un establecimiento
penitenciario en circunstancias que el demandante cumplía condena efectiva
impuesta por un delito de robo.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se disponga la absolución de don Luis
Martín Castro Ramírez o se declare la nulidad de la sentencia,
Resolución 22, de fecha 14 de junio de 2012, y de la Sentencia de Vista
86-2012, Resolución 30, de fecha 24 de setiembre de 2012, mediante las
cuales los órganos judiciales demandados lo condenaron como autor del
delito de extorsión agravada en grado de tentativa a treinta y cinco años
de pena privativa de la libertad9.
2. Se invoca la vulneración de los derechos al debido proceso, a la legítima
defensa, a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales, entre
otros.
Análisis del caso
3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que
el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad
individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para
que proceda el habeas corpus el hecho denunciado de inconstitucional
necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y
concreta en el derecho a la libertad personal, y es que, conforme a lo
9 Expediente 70-2011 / 00070-2011-78-1706-JR-PE-01
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establecido por el artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional,
la finalidad del presente proceso constitucional es reponer el derecho a la
libertad personal del agraviado.
4. La controversia generada por los hechos denunciados no deberá estar
relacionada con asuntos propios de la judicatura ordinaria, pues de ser así
la demanda será declarada improcedente en aplicación de la causal de
improcedencia prevista en el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código
Procesal Constitucional que señala que no proceden los procesos
constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado.
5. En cuanto al extremo de la demanda que refiere que con mayor criterio
jurídico jurisprudencial y de acuerdos plenarios se disponga su
absolución o la nulidad de las sentencias penales; que en el caso no
existió concierto de voluntades destinadas al apoderamiento y
disposición del bien; que la incriminación quedó a nivel de duda
razonable sin prueba suficiente para condenar; que no se ha actuado la
prueba dactiloscópica, de grafotecnia ni de la voz auditiva de los
extorsionadores; que no se puede sentenciar sin que se haya efectuado la
actividad probatoria de la evidencia científica; que las declaraciones de
Eleorreaga Elera y de Leguía Escurra deben ser desmerecidas; y que las
sentencias no pueden valerse de pruebas testimoniales que no cumplen
con las exigencias establecidas en el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116.
6. Asimismo, en cuanto al extremo de la demanda que indica que la sola
sindicación de su coencausada no es más que un indicio de su
culpabilidad; que la declaración de Quispe Saldaña es contradictoria y no
manifiesta persistencia en la incriminación; que las declaraciones son
inconsistentes y deberían estar sustentadas en medios de prueba idóneos;
que es falso que Quispe Saldaña haya ingresado al establecimiento
penitenciario; que del reporte de llamadas se tiene que el actor no hizo las
supuestas llamadas extorsivas; y que tres testigos de la fiscalía han
efectuado declaraciones falsas, corresponde que esta sea declarada
improcedente.
7. En efecto, este Tribunal Constitucional aprecia que los argumentos de la
demanda detallados no están referidos de manera directa al derecho a la
libertad personal tutelado por el habeas corpus, sino a la determinación
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de la responsabilidad penal del procesado, a la apreciación de los hechos
penales, a la valoración y suficiencia de las pruebas penales y a la
aplicación o inaplicación de los acuerdos plenarios y criterios
jurisprudenciales del Poder Judicial que constituyen asuntos cuya
discusión y determinación compete a la judicatura penal ordinaria.
8. Del mismo modo, en cuanto al cuestionamiento respecto de la actuación
y actividad fiscal que describe la demanda corresponde señalar que
aquellas, en sí mismas, no afectan de manera negativa, directa y concreta
el derecho a la libertad personal materia de tutela del habeas corpus, por
lo que corresponde su desestimación.
9. Finalmente, en cuanto al derecho a probar que invoca la demanda se debe
precisar que dicho derecho constitucional implica la posibilidad de
postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios
probatorios necesarios para justificar los argumentos que el justiciable
esgrime a su favor. En este sentido, se vulnera el derecho a probar
cuando en el marco del proceso se ha dispuesto la actuación o la
incorporación de determinado medio probatorio, pero ello no es llevado a
cabo, o cuando la parte (y no la contraparte) solicita la actuación de algún
medio probatorio, pero dicha solicitud es rechazada de manera arbitraria,
contenido de dicho derecho constitucional respecto del cual la demanda
de autos no guarda relación alguna.
10. Por consiguiente, el extremo de la demanda descrito en los fundamentos
precedentes debe ser declarado improcedente en aplicación del artículo 7,
inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
11. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución establece los principios y
derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso
y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano
jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios,
derechos y garantías que la Norma Fundamental establece como límites
del ejercicio de las funciones asignadas.
12. En este sentido, la necesidad de que estas sean motivadas es un principio
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo,
es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida
motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se
lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138
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de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de
manera efectiva su derecho de defensa.
13. Se debe indicar que este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en
el Expediente 1230-2002-HC/TC, fundamento 11, lo siguiente:
“[L]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación,
por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí
misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si
esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por
remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las
alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de
un pronunciamiento expreso y detallado (…)”.
14. Ello es así en tanto hay grados de motivación, pues la motivación ausente
resulta inconstitucional; sin embargo, la fundamentación jurídica que
presente una suficiente justificación que sustente lo resuelto no resulta
inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso en particular10. En
la misma línea, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en
Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7, lo siguiente:
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento
jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial
constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”.
15. En el presente caso, la demanda pretende que se declare la nulidad de las
sentencias condenatorias, porque la judicatura penal condenó al actor a
treinta y cinco años de pena privativa de la libertad cuando el
requerimiento fiscal fue porque se imponga trece años de privación de la
libertad, imposición gravosa que habría vulnerado el derecho a la
motivación de las resoluciones judiciales.
16. De foja 49 de autos obra la sentencia, Resolución 22, de fecha 14 de
10 Expediente 02004-2010-PHC/TC
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junio de 2012, mediante la cual el Juzgado Penal Colegiado de
Lambayeque condenó al favorecido. Sobre la imposición de la pena de
treinta y cinco años de privación de la libertad sostiene que la conducta
del acusado está tipificada en el quinto párrafo del artículo 200 del
Código Penal que la gradúa de quince a veinticinco años, sanción que
está limitada por lo prescrito en el artículo 397, inciso [3], del Código
Procesal Penal que señala que el juzgador penal no podrá aplicar pena
más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite una pena
por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación.
Argumenta que los hechos fueron cometidos dentro de un
establecimiento penitenciario, por lo que resulta aplicable la agravante
prevista en el artículo 46-A del Código Penal.
17. Se fundamenta en los pronunciamientos cuestionados que en el caso se
está ante un supuesto de reincidencia del acusado al haber cometido los
hechos cuando se encontraba condenado en las causas 2003-3053 por el
delito de robo agravado (refundida la pena en la causa 2003-2377),
además de estar condenado a treinta y cinco años de pena privativa de la
libertad, escenario en el que ello debe ser considerado como
circunstancia agravante de conformidad con el artículo 46-B del Código
Penal. Sobre el particular, precisa que al tratarse de un delito de extorsión
la pena prevista por el tipo penal debe aumentarse en dos tercios por
encima del máximo legal fijado para el tipo penal hasta la cadena
perpetua; no obstante, dicha pena sobrepasa los treinta y cinco años y al
no poder imponer una pena mayor aquella será la que se le imponga, de
conformidad con el artículo 29 del Código Penal.
18. De foja 81 de autos obra la Sentencia de Vista 86-2012, Resolución 30,
de fecha 24 de setiembre de 2012, mediante la cual la Primera Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó
la sentencia condenatoria sobre la base de los puntos de apelación
propuestos por la defensa del beneficiario, los que refieren que la fiscalía
no habría aportado pruebas suficientes que vinculen al imputado con la
comisión del delito, no existirían medios probatorios que lo vinculen con
las llamadas telefónicas, según el reporte de llamadas telefónicas no
habría llamada alguna del número del extorsionador al número de su
coacusada, no se habría acreditado la prexistencia del bien sustraído, la
declaración de su coacusada no sería un medio de prueba idóneo ni
reuniría los requisitos que establece el Acuerdo Plenario 002-2005, el
agraviado no ha concurrido al juicio oral a fin de corroborar los hechos y
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el número extorsivo, el acta de entrega del vehículo sustraído se levantó
cuando aquel estaba en la cochera del agraviado y las declaraciones de
los testigos Leguía y Elorreaga quedarían desacreditadas debido a que
ellos cuentan con antecedentes penales.
19. De lo descrito en los fundamentos precedentes este Tribunal
Constitucional aprecia que el Juzgado Penal Colegiado de Lambayeque
cumplió con la exigencia constitucional de la motivación de las
resoluciones judiciales, toda vez que los fundamentos que contienen la
sentencia condenatoria cuestionada se ha exteriorizado una suficiente
justificación objetiva y razonable a efectos de motivar la condena
impuesta al favorecido de autos.
20. En efecto, del caso de autos se tiene que la sentencia penal contiene una
motivación razonada respecto de la cuestionada imposición de treinta y
cinco años de pena privativa de la libertad al recurrente, pues describe
argumentativamente que la norma procesal penal faculta al juzgador
penal a imponer una pena más grave que la requerida por la fiscalía
cuando esta solicite una pena por debajo del mínimo legal sin causa
justificada de atenuación que sustente su pedido, los hechos fueron
cometidos dentro de un establecimiento penitenciario concurriendo la
agravante prevista en el artículo 46-A del Código Penal, que cuenta con
la condición de reincidente previsto en el artículo 46-B del Código Penal
al haber cometido los hechos cuando se encontraba condenado en las
causas 2003-3053 y 2003-2377, relacionadas con el delito de robo
agravado, contexto en el que por tratarse del delito de extorsión la pena
prevista debe aumentarse por encima del máximo legal, pero que al
sobrepasar los treinta y cinco años de privación de la libertad es aquella
la que se le impone, todo ello a fin de justificar su decisión condenatoria.
21. Finalmente, cabe advertir que de la sentencia de vista y los actuados que
obran en autos no se aprecia que el actor o su defensa hayan cuestionado
la imposición de treinta y cinco años de privación de la libertad personal,
escenario en el que no es posible exigir a la Sala Penal demandada una
motivación razonada al respecto ni efectuar un control constitucional al
respecto.
22. En consecuencia, este Tribunal declara que en el caso de autos no se ha
acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, en conexidad con el derecho a la libertad personal de don Luis
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Martín Castro Ramírez, con la emisión de la sentencia, Resolución 22, de
fecha 14 de junio de 2012, mediante la cual fue condenado por el delito
de extorsión agravada en grado de tentativa.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme a lo expuesto en los
fundamentos 3 a 10 supra.
2. Declarar INFUNDADA en parte la demanda al haberse no acreditado la
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en
conexidad con el derecho a la libertad personal.
Publíquese y notifíquese.
SS.
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ

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** EN EL CASO DE LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL, EL DOCUMENTO PDF DESCARGADO/MOSTRADO SERÁ EL CUADERNILLO QUE CONTIENE LA SENTENCIA.

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