---

04246-2023-PHC/TC
Sumilla: SE HA DETERMINADO QUE LA AMENAZA DE VULNERACIÓN DE UN DERECHO DEBE REUNIR DETERMINADAS CONDICIONES TALES COMO: LA INMINENCIA DE QUE SE PRODUZCA EL ACTO VULNERADOR, ESTO ES, QUE SE TRATE DE UN ATENTADO A LA LIBERTAD PERSONAL QUE ESTÉ POR SUCEDER PRONTAMENTE O EN PROCESO DE EJECUCIÓN, NO REPUTÁNDOSE COMO TAL A LOS SIMPLES ACTOS PREPARATORIOS, Y QUE LA AMENAZA A LA LIBERTAD SEA CIERTA, ES DECIR, QUE EXISTA UN CONOCIMIENTO SEGURO Y CLARO DE LA AMENAZA A LA LIBERTAD, DEJANDO DE LADO CONJETURAS O PRESUNCIONES.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20240515
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

---

SENTENCIA

Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 16 días del mes de febrero de 2024, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga,
Monteagudo Valdez y Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando José
Cillóniz Benavides en representación de la Asociación Cívica del Perú contra
la resolución de fecha 20 de setiembre de 20231, expedida por la Primera Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que declaró
improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 20 de marzo de 2023, don Fernando José Cillóniz Benavides,
en representación de la Asociación Cívica del Perú, interpuso demanda de
habeas corpus2 y la dirigió contra don Claudio Pocho Mamani Curasi. Se alega
la amenaza y la vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
Solicita que se permita a nacionales y extranjeros a que puedan transitar
por la vía integrante de la Red Vial Nacional con Código de Ruta PE-3S, en las
inmediaciones del Parque Arqueológico Piquillacta, distrito de Lucre,
provincia de Quispicanchis, región Cusco y de modo accesorio, que se remitan
los actuados al fiscal penal correspondiente por la presunta comisión de delito.
El recurrente refiere que, como es de conocimiento público, el 18 y 19
de abril de 2022 hubo un paro acatado por transportistas y agricultores en la
región Cusco, el cual incluyó el bloqueo de casi todas las carreteras de esta
región. Diversos medios de comunicación y publicaciones en redes sociales
dan cuenta de ese bloqueo generalizado, del caso específico ‒por su violencia‒
del bloqueo de la vía nacional, liderado por el demandado, quien estaba
acompañado por al menos tres personas más en el retén que impedía el paso a
través de ese punto de la carretera. Existe incluso un video filmado de uno de
los momentos más violentos del bloqueo de la carretera.
1 F. 175 del documento pdf del Tribunal
2 F. 3 del documento pdf del Tribunal
Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
Agrega que existe la amenaza cierta y real de un nuevo bloqueo
encabezado por el demandado ‒considerando sus antecedentes relacionados
con la resistencia a la autoridad‒ para volver a vulnerar el derecho fundamental
a la libertad individual de las personas que pretendan transitar por la vía
nacional PE-3S en las inmediaciones del Parque Arqueológico Piquillacta.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchis de la
Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante Resolución 1, de fecha 20 de
marzo de 20233, admitió a trámite la demanda.
Don Claudio Pocho Mamani Curasi se apersonó al proceso y contestó la
demanda4. Señala que en el presente caso se ha producido la sustracción de la
materia controvertida, y que es innecesario un pronunciamiento del fondo al no
evidenciarse la magnitud del agravio que exige el régimen excepcional.
Además, no existe amenaza cierta y real de violación a la libertad de tránsito.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchis de la
Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante sentencia Resolución 6, de fecha
1 de agosto de 20235, declaró improcedente la demanda, tras considerar que se
advierte que, el hecho violatorio se habría producido en fechas 18 y 19 de abril
del año 2022 y la demanda constitucional ha sido interpuesta en fecha 20 de
marzo de 2023; lo que significa que a la fecha de la interposición de la
demanda, el hecho violatorio de la libertad de tránsito ya habría cesado hace
aproximadamente un año.
Por otro lado, respecto a lo alegado por el demandante en el sentido de
que existe la amenaza cierta y real de un nuevo bloqueo encabezado por el
demandado, del análisis de los medios de prueba que adjunta la parte
demandante, no se aprecia elemento probatorio que permita inferir que el
demandado vuelva a participar en un nuevo bloqueo de la mencionada vía
nacional; máxime que el hecho de que el demandado tenga una sentencia
condenatoria por el delito de resistencia a la autoridad, no puede llevar a la
conclusión necesaria de que va a volver a realizar un nuevo bloqueo; además
que, transcurrido el tiempo ‒más de un año‒ no se tiene conocimiento de que
haya vuelto a bloquear alguna vía pública.
3 F. 18 del documento pdf del Tribunal
4 F. 24 del documento pdf del Tribunal
5 F. 138 del documento pdf del Tribunal
Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
En cuanto a lo solicitado en el sentido de que se remitan los actuados al
Ministerio Público por existir causa probable de la comisión de los delitos de
extorsión y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, se
advierte que el demandado sí habría participado en el bloqueo de la vía de la
carretera a la altura del Parque Arqueológico Piquillacta, distrito de Lucre,
provincia de Quispicanchis; lo cual no ha sido cuestionado por el demandado,
ya que en su absolución justifica su participación en el derecho a la protesta,
más no niega su participación; por lo que al existir sospecha de la comisión del
ilícito penal de entorpecimiento a los servicios públicos que requiere ser
investigado en la vía ordinaria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17
del Código Procesal Penal, cabe remitir copia de los actuados al representante
del Ministerio Público para los fines consiguientes.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Cusco confirmó la resolución apelada por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se permita a nacionales y extranjeros a
que puedan transitar por la vía integrante de la Red Vial Nacional con
Código de Ruta PE-3S, en las inmediaciones del Parque Arqueológico
Piquillacta, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchis, región Cusco y
de modo accesorio, que se remitan los actuados al fiscal penal
correspondiente por presunta comisión de delito.
2. Se alega la amenaza y la vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
Análisis del caso en concreto
3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1,
que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual
como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que
alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos
puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello
es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el
habeas corpus.
Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
4. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional tiene asentado de su larga
y reiterada jurisprudencia que cuando los hechos constitutivos del
alegado agravio del derecho a la libertad personal y/o sus derechos
constitucionales conexos cesaron antes de la postulación de la demanda,
corresponderá que se declare su improcedencia, pues se está frente a una
imposibilidad material de reponer el derecho constitucional lesionado.
Así lo ha considerado este Tribunal al resolver casos sobre restricciones
de los derechos de la libertad personal efectuados por autoridades
policiales, fiscales e incluso judiciales6.
5. Cabe advertir que el Tribunal Constitucional también ha precisado de su
jurisprudencia que no es un ente cuya finalidad sea sancionar o
determinar conductas punibles, sino un órgano supremo de interpretación
y control de la constitucionalidad, cuyo rol, en los procesos de habeas
corpus, es reponer las cosas al estado anterior del agravio del derecho a
la libertad personal y sus derechos constitucionales conexos7.
6. La improcedencia de la demanda que denuncia presuntos hechos lesivos
de derechos constitucionales acontecidos y cesados antes de su
interposición, precisamente, se sustenta en el aludido artículo 1 del
Nuevo Código Procesal Constitucional, así como del antiguo Código
Procesal Constitucional, pues dicha norma ha previsto en su segundo
párrafo que, si luego de presentada la demanda, la agresión deviene en
irreparable, el juzgador constitucional, atendiendo al agravio producido,
eventualmente, mediante pronunciamiento de fondo, declarará fundada la
demanda precisando los alcances de su decisión.
7. De lo expuesto, se tiene que el legislador ha previsto que el
pronunciamiento del fondo de la demanda, cuyos hechos lesivos del
derecho constitucional se han sustraído después de su interposición,
obedece a la magnitud del agravio producido y se da a efectos de estimar
la demanda8.
6 Cfr. las resoluciones 01626-2010-PHC/TC, 03568-2010-PHC/TC, 01673-2011-PHC/TC,
00673-2013-PHC/TC, 00729-2013-PHC/TC, 01463-2011-PHC/TC, 03499-2011-PHC/TC,
00415-2012-PHC/TC, 01823-2019-PHC/TC, 01999-2008-PHC/TC, 00424-2013-PHC/TC,
02187-2013-PHC/TC, 02016-2016-PHC/TC y 00110-2021-PHC/TC, entre otras.
7 Cfr. las resoluciones 03962-2009-PHCTC, 04674-2009-PHC/TC, 01909-2011-PHC/TC,
01455-2012-PHC/TC y 01620-2013-PHC/TC, entre otras.
8 Cfr. las resoluciones 04343-2007-PHC/TC, 03952-2011-PHC/TC, 04964-2011-PHC/TC,
02344-2012-PHC/TC y 01878-2013-PHC/TC, entre otras.
Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
8. Entonces, el pronunciamiento del fondo de una demanda cuya alegada
lesión del derecho constitucional cesó antes de su interposición resulta
inviable, porque además de que no repondrá el derecho constitucional
invocado se tiene, de un lado, que la Constitución ha previsto en su
artículo 200, incisos 1, 2, 3 y 6 la tutela de los derechos constitucionales
de las personas respecto de su vulneración (en el presente) y amenaza (en
el futuro), mas no de alegadas vulneraciones que hubieran acontecido y
cesado en el pasado. De otro lado, existe un deber de previsión de las
consecuencias de los fallos del Tribunal Constitucional, pues un fallo
errado y una interpretación indebida puede llevar al justiciable y sobre
todo a su defensa técnica a entender que resulta permisible la demanda de
todo hecho que se considerase lesivo de derechos constitucionales sin
importar la fecha en la que haya acontecido en el pasado (cinco, diez,
veinte años, etc.), lo cual no se condice con la función pacificadora, la
seguridad jurídica ni la predictibilidad de las decisiones que emita este
Tribunal.
9. En cuanto al extremo de la alegada vulneración del derecho a la libertad
de tránsito producida el 18 y 19 de abril de 2022, se advierte que esta ha
cesado antes de la interposición de la presente demanda. Por
consiguiente, corresponde desestimar este extremo.
10. De otro lado, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia, que la
amenaza de vulneración de un derecho debe reunir determinadas
condiciones tales como: la inminencia de que se produzca el acto
vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que
esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose
como tal a los simples actos preparatorios; y que la amenaza a la libertad
sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la
amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones.
11. En el caso de autos, también se alega la amenaza de vulneración del
derecho a la libertad de tránsito, en la medida en que el demandado tiene
antecedentes relacionados con el delito de resistencia a la autoridad. No
obstante, a criterio de este Colegiado no se advierte que dicha amenaza
cumpla con los requisitos de certeza e inminencia, ya que no resulta
suficiente que el demandado haya tenido procesos penales de resistencia
a la autoridad9, tampoco que haya participado en la denominada “Toma
9 F. 127 del documento pdf del Tribunal
Sala Primera. Sentencia 131/2024
EXP. N.° 04246-2023-PHC/TC
CUSCO
ASOCIACIÓN CÍVICA DEL
PERÚ REPRESENTADO POR
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ
BENAVIDES
de Lima” en julio de 2023, tanto más, si este último suceso se
circunscribió a la ciudad de Lima y no a Cusco. Siendo esto así,
corresponde declarar infundado este extremo de la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus respecto de
la alegada vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
2. Declarar INFUNDADA la demanda, respecto del extremo de la alegada
amenaza de vulneración del derecho a la libertad de tránsito.
Publíquese y notifíquese.
SS.
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
PONENTE HERNÁNDEZ CHÁVEZ

[DESCARGAR PARA LEER COMPLETO]

Descargar TXT Descargar PDF Visor web PDF

** EN EL CASO DE LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL, EL DOCUMENTO PDF DESCARGADO/MOSTRADO SERÁ EL CUADERNILLO QUE CONTIENE LA SENTENCIA.

---