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01074-2016-PC/TC
Sumilla: FUNDADA. SE ADVIERTE EN EL PRESENTE CASO, QUE LA PARTE EMPLAZADA HA SIDO RENUENTE AL CUMPLIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO EN AUTOS, POR LO QUE SE VERIFICA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CUMPLE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER PARA QUE SU EJECUCIÓN SEA EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230616
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP N ° 01074-2016-PC/TC
ÁNCASH
ADRIANA ROSARIO SALAZAR
SÁNCHEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de
Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, pronuncia la
siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, conforme al
artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Asimismo, se
agregan los fundamentos de voto de los magistrados Ledesma Narváez y Ferrero Costa.
ASUNTO
ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña Adriana Rosario Salazar
ánchez contra la resolución de fojas 65, de 1 de octubre de 2015, expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que declaró infundada la
dema • e : *e autos.
0°. DENTES
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1; r , -1
5 de junio de 2014, la parte demandante interpone demanda de cumplimiento contra
el director del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, con el objeto de que se
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cumpla la Resolución Directoral 393-2013-DIRES-A-H»VRQ»-HZ/UP, de 16 de agosto
de 2013, y que se le paguen S/ 31 457.10 por el concepto de reintegro de la bonificación
especial establecida en el Decreto de Urgencia Q37-94. Solicita también que se le
cancelen los intereses legales, los costos y las costas del proceso.
Jr
El director ejecutivo del hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz contesta la demanda
afirmando que al actor no le corresponde percibir la bonificación establecida en el
Decreto de Urgencia 037-94, pues actualmente percibe la bonificación reconocida en el
Decreto Supremo 019-94-PCM.
/
El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz declaró fundada la demanda de cumplimiento,
por considerar que el mandato cumple con los requisitos establecidos en la sentencia
recaída en el Expediente 0168-2005-PC/TC. Así también, dispuso el pago de los
intereses legales y los costos del proceso y denegó el pago de costas.
La Sala superior revisora revocó la sentencia apelada y la declaró infundada, por
considerar que el mandato no es cierto y claro, pues no es posible verificar
indubitablemente la fecha de inicio a partir de la cual se reconoce al actor los adeudos
generados por el incumplimiento del Decreto de Urgencia 037-94.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP N ° 01074-2016-PC/TC
ÁNCASH
ADRIANA ROSARIO SALAZAR
SÁNCHEZ
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se disponga el cumplimiento de la Resolución
Directoral 393-2013-DIRES-A-H»VRG»-HZ/UP, de 16 de agosto de 2013, y que
se pague a la actora la suma S/ 31 457.10 por concepto de reintegro de la
bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94.
onsideraciones previas
2 En el presente caso, se verifica que se cumple con el requisito especial de
procedencia establecido por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, por
cuanto a fojas 5 obra el documento de 11 de marzo de 2014, en virtud del cual la
actora exige a la entidad emplazada el cumplimiento de la aludida resolución
directoral.
Análisis de la controversia
El artículo 200, inciso 6, de la Constitución Política establece que la acción de
cu limiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar
orma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66, inciso 1, del
go Procesal Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por
bjeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal
o ejecute un acto administrativo firme.
Asimismo, este Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia emitida en el
Expediente 0168-2005-PC/TC, con carácter vinculante, los requisitos mínimos
comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado.
El artículo 1 de la Resolución Directoral 393-2013-DIRES-A-H»VRG»-HZ/UP,
cuyo cumplimiento se exige en el presente caso, dispone lo siguiente:
Artículo 1°.- Abonar a favor de los Trabajadores Activos del Hospital «Víctor
Ramos Guardia» Huaraz, de acuerdo a la liquidación que se generó con el programa
del Ministerio de Salud, con los respectivos incrementos […], y las respectivas
deducciones del BE 019-94 […], según corresponde, y los saldos se detallan en el
siguiente cuadro:
VIVIIII
TRII NAL CONSTITUCIONAL 1111111111111
EXP N ° 010 4-2016-PC/TC
ÁNCASH
ADRIANA ROSARIO SALAZAR
SÁNCHEZ
160 31609224 Salazar Sánchez Adriana Rosario 210 35,283.02 3,825.92 31,457.10
Al respecto, se puede concluir que, de conformidad con el referido precedente, la
resolución administrativa contiene un mandato: a) vigente, pues no ha sido dejada
sin efecto o modificada; b) cierto y claro, pues de ella se infiere indubitablemente
que se le debe abonar la bonificación solicitada; c) no está sujeto a una
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) de ineludible y obligatorio
cumplimiento; e) incondicional; y, f) permite individualizar de manera explícita a
la demandante como beneficiaria del pago de los adeudos por el concepto de
bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94.
Ahora bien, habiéndose comprobado que la resolución administrativa cumple los
requisitos mínimos que debe contener para que su ejecución sea exigible a través
del proceso de cumplimiento, corresponde analizar si esta ha sido dictada de
conformidad con el precedente establecido en la sentencia recaída en el
Expediente 02616-2004-PC/TC.
8. Sobre el particular, debe señalarse que en el fundamento 10 de dicha sentencia se
ha establecido lo siguiente:
10. En virtud del Decreto de Urgencia N.° 037-94, corresponde el otorgamiento de
la bonificación especial a los servidores públicos:
[…1
b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional
de los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala N.° 7.
A fin de tener certeza respecto a la escala a la que pertenece la actora, este
Tribunal solicitó información al director del hospital demandado, quien, mediante
Oficio 2198-2016-GRA-DIRES-A-H»VRG»-HZ/ARLE/UPERJDE, de 8 de
noviembre de 2016, comunicó que pertenece a la Escala 7, Profesional
Categorizado, Nivel Remunerativo SPE (folio 15 del cuaderno del Tribunal
Constitucional).
Consecuentemente, la recurrente se encuentra entre los servidores comprendidos
en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 y, por ello, la demanda
debe ser estimada y debe ordenarse que se le otorgue los adeudos respectivos,
conforme se detalla en la Resolución Directoral 393-2013-DIRES-A-H»VRG»-
HZ/UP.
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ADRIANA ROSARIO SALAZAR
SÁNCHEZ
11. Habiéndose acreditado, entonces, que la parte emplazada ha sido renuente al
cumplimiento del acto administrativo reclamado en autos, corresponde, de
conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que asuma los
costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la
presente sentencia, sin costas.
12. Asimismo, de conformidad con los artículos 1236 y 1244 del Código Civil,
corresponde que se abonen los intereses legales a partir de la fecha en que se
determinó el pago del referido beneficio a la accionante hasta la fecha en que este
se haga efectivo.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la renuencia de la
Dirección del Hospital Víctor Ramos Guardia a cumplir el mandato contenido en
la Resolución Directoral 393-2013-DIRES-A-H»VRG»-HZ/UP.
2. ORDENAR a la Dirección del Hospital Víctor Ramos Guardia que dé
cumplimiento al mandato dispuesto en la Resolución Directoral 393-2013-
DIRES-A-H»VRG»-HZ/UP, bajo apercibimiento de aplicarse los artículos 22 y 59
del Código Procesal Constitucional, con el abono de los intereses legales y los
costos del proceso, sin costas.
Publíquese y notifiquese.
SS.
ME FORTINI
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BA
FERRERO COSTA
[PONENTE SARDÓN DE TABO
PONE,NTE SARDÓN DE TABOADA
E
que certifice
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITuclor4A1._
‘TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1111111111111111111111111111 I
EXP N.° 01074 2016-PC/TC
ANCASH
ADRIANA ROSARIO SALAZAR
SÁNCHEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
En el presente caso, coincido con mis colegas magistrados en que debe declararse
fundada la demanda; empero, me aparto del fundamento 12 de la sentencia, en cuanto se
hace referencia a los artículos 1236 y 1244 del Código Civil, pues, teniendo en
consideración que la suma que se ordena pagar en la resolución administrativa cuyo
cumplimiento pretende la actora, constituye un adeudo de naturaleza laboral, los
intereses deben liquidarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1249 del Código
Civil, concordado con el artículo 1 del Decreto Ley 25920.
LEDESMA NARVÁEN
Lo que certifico:
Fla lo R.eátegui Aga a
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1111111111111111111111111111111 1111
EXP N.° 01074 2016-PC/TC
ANCASH
ADRIANA ROSARIO SALAZAR SANCHEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Si bien estamos de acuerdo con lo resuelto en la sentencia que declara FUNDADA la
demanda, discrepamos con lo señalado en el fundamento 12 de la referida sentencia por
considerar que lo dispuesto en el artículo 1236° del Código Civil no es aplicable al pago
de los intereses.
A su vez, atendiendo a que se tratan de adeudos de carácter laboral, estimamos que resulta
de aplicación el Decreto Ley N.° 25920, de fecha 28 de noviembre de 1992, que en su
artículo 3° establece que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se
devengan a partir del día siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el
día de su pago efectivo.
Resulta importante señalar, además, que resulta de aplicación el citado artículo 1° del
Decreto Ley N.° 25920 que dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos de
carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú,
precisando que el referido interés no es capitalizable
S.
FERRERO COSTA ny-144114q
Lo que certifico:
1 —
vio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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